La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, mediante la fijación de precios de productos y servicios, a través de un «mutuo acuerdo» entre el Estado y comerciantes.
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Esta propuesta, que requiere de una segunda discusión antes de convertirse en norma, fue presentada por la bancada oficialista como una legislación para defender el salario de los trabajadores, pero para una bancada opositora el texto puede afectar la oferta de bienes y servicios.
Por su parte, el diputado oficialista Ramón Lobo, explicó durante la sesión ordinaria de la AN que el instrumento legal busca garantizar «precios adecuados».
Además, manifestó que la ley, que contiene 96 artículos, contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Sistema Nacional de Observación de Precios, que, según su opinión, será «punto de encuentro para que entre el Estado y los agentes económicos se fijen los precios de mutuo acuerdo».
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«En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción, tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles» agregó.
En tal sentido, Lobo manifestó que el texto establece un «esquema sancionatorio» sin ofrecer mayores detalles al respecto.
LO QUE DICE LA BANCADA OPOSITORA
Por su parte, la diputada opositora, Nora Bracho, miembro de la bancada Libertad que integra el exgobernador y ahora parlamentario, Henrique Capriles, dijo que este proyecto de ley tiene unos «nudos críticos» que podrían afectar la oferta de bienes y servicios en el país.
«Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta, no hay protección al consumidor si el resultado final es un anaquel vacío» señaló Bracho.
Además, apuntó que «la verdadera protección» es la abundancia, la competencia y no el «control asfixiante» por lo que cree que esta es una ley de «control de producción y control al consumidor» y ante lo expuesto su fracción salvó el voto.
Cabe recordar que el gobierno de Venezuela fijó precios en productos y servicios en 2015, una política que se fue endureciendo hasta 2018, cuando los controles empezaron a flexibilizarse hasta que se resolvió la escasez de alimentos y fármacos que afectó a la población.
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